Una garantía de libertad frente al Estado
Y un buen día las personas se
declararon libres. Se organizaron y voluntariamente decidieron ceder una parte
de esa libertad a favor de unos pocos que ahora llamamos gobernantes. Pero
¿cómo impedir el abuso del poder por parte de esos gobernantes? ¿Cómo evitar
perder esa libertad que se ha ganado? ¡Fácil! El pueblo condiciona el ejercicio
del poder a los límites que ellos mismos establecen en las leyes.
La ley de más alto rango es la Constitución
que, se supone, plasma la voluntad del pueblo respecto de asuntos tan delicados
como el reconocimiento de los derechos fundamentales o la organización del
Estado y su forma de gobierno. Pero como la Constitución no puede agotar todos
los temas, el pueblo, representado por los congresistas que ellos mismos eligen,
emiten otras leyes que trazan los límites al ejercicio del poder.
Así, nada de que no esté claramente
establecido en la Constitución o en una ley, puede ser ejecutado por los gobernantes.
En términos simples: “papelito manda”. Solo así se puede garantizar la libertad
del pueblo. Este es el «principio de juridicidad» (impropiamente llamado, «principio
de legalidad»).
Y mientras los gobernantes encuentran estos límites
impuestos por el pueblo, los ciudadanos gozamos de la más amplia libertad posible
bajo la conocida regla “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda,
ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.
Vizcarra y su golpe de Estado populista
Busque en la Constitución la
expresión “denegatoria fáctica de confianza”. No la va a encontrar. Fin
de la discusión. Y, como ya dijimos, si no está no se puede disolver el Congreso.
Punto, no hay más que discutir. Pero Vizcarra (acostumbrado, desde su
presidencia Regional, a hacer política en la zona gris de la ley, pero con el respaldo
del pueblo) lo disolvió el 30 de septiembre de 2019 luego de hacer «cuestión de
confianza» sobre el proceso de selección de candidatos del Tribunal
Constitucional (TC), decisión que es de exclusiva competencia del Poder
Legislativo. Para Vizcarra (y para muchos de nosotros) el proceso de selección
no era transparente y no garantizaba la división de poderes.
Muy probablemente, el Congreso que
disolvió Vizcarra fue uno de los más repudiados por una aparente generalidad. Decimos
“aparente” porque los medios de comunicación y las redes sociales parecían ser
claros en mostrar su disconformidad con cualquier acción que realizara algún
fujimorista. Incluso las pocas veces que se trataron de hacer las cosas bien
(porque, valgan verdades, en la mayoría de los casos se cometieron excesos), las
críticas más rabiosas fluían como cataratas. Vivíamos (y vivimos) la crítica
por la crítica misma. La intolerancia sin medida para otros, pero exigimos tolerancia
para nosotros. Somos partidarios de la “democracia” del “anti” que es una corrupción
de la democracia propiamente dicha, pues no se votamos por nuestras preferencias
sino en contra de nuestros adversarios.
Sin embargo, esa confrontación
contra el Congreso empezó desde el mismo momento en que cada uno de esos
congresistas ganaron una curul a través del voto popular. Y quienes lo criticaban
(con o sin razón) eran votantes que habían perdido en las elecciones. Con lo
cual quedan dudas respecto de lo que la generalidad realmente quería, aunque no
quedan dudas respecto de lo que se percibe como una generalidad.
De cualquier modo, lo cierto es
que cuando Vizcarra disuelve el Congreso, esa aparente generalidad festejó
porque se había derrocado un Congreso fujimorista, autoritario y
obstaculizador, lleno de personajes siniestros y corruptos, incluso muchos de
ellos vinculados al narcotráfico y etc., etc. etc. Probablemente, muchas de
estas acusaciones tengan fundamento, pero, aunque no nos guste, eran representantes
que ganaron su curul con el voto popular y en democracia eso es sagrado. Por lo
menos, en una democracia de verdad (que nunca caló a profundidad en el ciudadano
peruano, dicho sea de paso).
Era el momento para que el TC declarara
la inconstitucionalidad de la disolución del Congreso. Pero había un problema:
el populismo ha venido contaminando el derecho desde hace varios años (por
ejemplo, con las llamadas regulación por coyuntura). Por no quedar mal con la
opinión pública, cuatro Magistrados del máximo intérprete de la Constitución, Marianela
Ledesma, Carlos Ramos, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda, reemplazaron la garantía
de libertad por su propio baño de popularidad. O sea, traicionaron al pueblo (sobre cómo el TC transformó un golpista en Presidente de la República, pese al voto en contra de tres juristas garantes de la libertad [Sardón, Blume, Ferrero Costa], véase nuestro post aquí).
Pese a ello, los magistrados eran
conscientes del peligro que representaba validar un golpe de Estado con estas
características. Y es que por más aplaudido que sea hoy, mañana podría ser utilizado
para disolver a un Congreso que goce de aprobación popular o, peor aún, que la
disolución se realice para concentrar el Poder en el Presidente de la República
en forma ilegítima.
Por eso a lo largo de sus 84
páginas, la Sentencia TC delineó tres reglas que impiden la presentación de una
«cuestión de confianza». Una de esas reglas es que la cuestión de confianza no puede
estar relacionada “con el condicionamiento del sentido de alguna decisión”
que sea competencia exclusiva de otro órgano estatal. Según el expresidente del
TC, Oscar Urviola, “los magistrados debieron ser consecuentes con este
fundamento, pues ‘precisamente es la situación que se presentó en la cuestión
de confianza [planteada por el Ejecutivo] y que dio a lugar a la negativa
fáctica, y que, por ende, resulta inconstitucional’ (Diario «El
Comercio»
25 de enero 2020). En buen y simple castellano: si el TC hubiera
aplicado esta misma regla al caso Vizcarra (que era el que estaba resolviendo
cuando desarrollo la regla) hubiera declarado inconstitucional la disolución
del Congreso en lugar de validarlo en tan vergonzoso (y contradictorio) pronunciamiento.
El pueblo quedó satisfecho y celebró la Sentencia del TC. Esto es normal si se
considera que el parámetro de juzgamiento no era la Constitución, sino la
percepción general.
Merino y su ¿golpe de Estado? impopular
Disuelto el Congreso fujimorista
y convalidado el golpe de Estado de Vizcarra elegimos nuevos Congresistas. Algo
que no se atreven a decir muchos (porque no es políticamente correcto) es que
los nuevos 130 representantes del pueblo hacen que algunos extrañemos a los parlamentarios
predecesores. Le tomó solo dos meses al nuevo Congreso para demostrar que es el
peor parlamento de toda nuestra historia republicana. Su poco respeto por la Constitución queda plasmado en una excesiva cantidad de proyectos de ley que desconocen flagrantemente el Régimen Constitucional Económico; y, el paupérrimo nivel de
instrucción de la mayoría de sus integrantes contrasta con los intereses
políticos relacionados a la reforma educativa, que no esconde otra cosa que el interés
empresarial de algunos dueños de universidades incómodos con la Sunedu (entidad
que, por otro lado, padece sus propios vicios: porque en el Perú si hay algo democratizado
es la podredumbre y donde se apriete sale pus).
De pronto explota el caso Richard
Swing y se involucra no solo a personas del círculo más cercano de Vizcarra sino incluso a
él mismo. Todo está en investigación como se investigan también a 68 de los
actuales congresistas. Incluso hay un sentenciado (el congresista Humberto Acuña)
a tres años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de
cohecho activo genérico (coloquialmente: coimero) en condición de cómplice[1].
Pero eso no importa, el objetivo es tomar el poder y a 7 meses de las
elecciones presidenciales y 10 meses del cambio de gobierno, se promueve un
primer intento de vacancia presidencial por «permanente incapacidad moral».
Vizcarra se defiende y el 18 de
septiembre de 2020 acude a sus aliados en el TC para presentar una demanda
competencial. El TC no concede la medida cautelar y antes que pueda pronunciarse,
el Congreso vota en contra de la vacancia.
Pocos días pasaron antes que empezaran
a aparecer colaboradores eficaces que comprometían a Vizcarra en serios actos
de corrupción y el 20 de octubre de 2020 se promueve una nueva vacancia presidencial
por el mismo motivo: «permanente incapacidad moral». Llegó el día de la
votación y 105 congresistas le dijeron “chau” al otrora golpista Vizcarra. El
Congreso siguió todo el procedimiento previsto en la Constitución y ejerció una
de sus facultades conforme lo admite el sistema. No hay ninguna irregularidad. Nos
guste o no, no es un golpe de Estado. Así sea el peor Congreso de la historia, el
pueblo los voto y ellos vienen ejerciendo el poder conforme la Constitución y
las leyes lo permiten.
Pero algunos plantean, con razón atendible,
que la vacancia por «permanente incapacidad moral» no fue creada para que
el Congreso vacara al presidente cuándo le diera la gana. Pero también es
cierto que la Constitución dice que la incapacidad moral es declarada por el
Congreso. O sea, que solo el Congreso puede definir cuándo un Presidente es
moralmente incapaz y cuándo no. Y la única manera de hacerlo es a través una
votación conforme el proceso ya normado. No existe algo así como la “dictadura
de los votos” como se ha querido plantear interesadamente para cuestionar
la decisión del Congreso.
No cabe duda, sin embargo, que es
una vergüenza que se considere inmoral a un presidente investigado y no a un
congresista sentenciado. Tampoco tiene sentido vacar al presidente cuando está
a punto de dejar el gobierno, mucho menos en plena pandemia y crisis económica.
Todos saben que el cambio de un ministro lo paraliza. Peor es cuando se cambia
al Presidente de la República. ¡Qué irresponsabilidad vacar al presidente
cuando los peruanos nos estamos muriendo o, en el mejor de los casos, estamos perdiendo
nuestros trabajos!
Por eso, mientras el expresidente del Congreso, Manuel Merino recibía la banda presidencial de manos del nuevo Presidente Parlamentario Luis Alberto Valdez (que expresamente dijo que el caso Vizcarra es muy distinto al caso del congresista Acuña por lo que a este último no le deben levantar la inmunidad parlamentaria); las protestas en las calles convierten a Merino en el Presidente del Perú con menor legitimidad del siglo XXI. Curiosamente, Vizcarra no reclamó la vacancia y se fue tranquilo. ¿Habrá negociado algo? Veremos las resultas de su investigación…
Con la vehemencia que no existió
cuando Vizcarra hizo el golpe de Estado, ahora algunos ciudadanos alegan una ruptura de orden constitucional. Para ello, se basan en interpretaciones,
que más o menos debatibles, son mucho más abstractas que el reconocimiento
objetivo de que la Constitución no contempla la “denegatoria fáctica de
confianza”.
¿Por qué ayer se aplaudió la
disolución del Congreso y hoy se rechaza la vacancia presidencial cuando la
inconstitucionalidad de la primera es menos debatible que la segunda? ¿Cuál es
la diferencia? La respuesta no es compleja: desde la elección del Congreso
fujimorista, lo popular se alinea con la confrontación del Congreso.
Los que ahora se dicen defensores
de la Constitución no lo eran el 30 de septiembre de 2019 cuando Vizcarra
disolvió el Congreso, solo porque sí estaban de acuerdo con aquella decisión populista e inconstitucional. Los que entonces exigimos respeto a la Constitución fuimos tildados de fujimoristas (como si fuera insulto ¿hate speech?), porque en el Perú
no podemos ver instituciones, sino personas (o grupo de personas). Y ahora, que el peor
Congreso vacó al Presidente quienes se sienten fastidiados salen a las calles,
forman aglomeraciones sin distanciamiento social y sin mascarillas van gritando
arengas facilitando la propagación de la Covid-19. Las libertades están
restringidas por decreto, pero el irrespeto a las normas también forma parte del
día-día nacional.
¿Y dónde está la policía? ¿Dónde
están los militares? Hasta hace poco se metían a las casas para evitar reuniones
y si te encontraban en la calle durante el toque de queda, te detenían. Pero el
día de la vacancia, las marchas y aglomeraciones se produjeron incluso durante
el toque de queda. Durante el día, los tumultos son controlados, pero no diluidos.
Es como si se quisiera que la gente se aglomere. ¿Será que el nuevo Jefe del
Ejecutivo no quiere evitar contagios? Indudablemente, llegará una segunda ola
terrible y la crisis sanitaria se agudizará al tal grado que, esperemos, no sirva
de excusa para postergar las elecciones o en todo caso para que los enfermos (en su mayoría opositores al régimen) puedan ejercer su derecho al voto.
El tercer golpe de Estado, fue más popular (actualización al 15/11/2020.12:23 horas)
Tuvieron que pasar seis días de intensas protestas y dos fatalidades para que varios ministros recién juramentados presentaran su carta de renuncia y para que bordeando el mediodía del 15 de noviembre, la Junta de Portavoces del Congreso "exhortara" a Manuel Merino, "a presentar de manera inmediata su carta de renuncia a la Presidencia de la República del Perú. Ello con el único objeto y única finalidad de salvaguardar la vida, la salud e integridad de todos los peruanos", bajo amenaza de proceder a iniciar un proceso de censura para la respectiva sucesión presidencial. El mensaje fue tan directo que hace pensar que fue previamente coordinado con el Ejecutivo: “El plazo es hoy, le pedimos que presente su renuncia, caso contrario. Seguiremos estrechamente los preceptos legales y constitucionales”, insistió.
Por eso los institucionalistas exigen
respeto al orden constitucional y legal, pero lamentablemente la mayoría de los peruanos los critican con argumentos como “sal de tu caja y mira las cosas
más allá de las leyes”. A esas personas, que forman parte del problema, les
decimos: sean humildes, miren dentro de esa caja para entenderla y, solo
entonces, recurran a otras visiones que complementen y potencien las reglas en
pro del interés común; pero no se basen en una intuición condicionada por la
coyuntura y el entorno, solo porque les conviene.
Suena bien ¡el ejercicio casi pleno de la democracia directa e inmediata! ¿Pero cómo evitar las manipulaciones? Este es uno de los desafíos que no sabemos solucionar, incluso desde antes de la era digital.
Tal vez, no lo sabemos. Habrá que ver qué nos depara el futuro. De cualquier modo, si la respuesta a nuestra conjetura es positiva, nos aventuramos a afirmar que los peruanos no somos conscientes de ello. Es innegable que en el Perú se habla de democracia sin practicarla, se habla de libertad sin respetarla y por eso se habla de golpe de Estado solo cuando nos conviene. Pero parece que nadie está de lado de la Constitución con sinceridad. Sin que eso signifique que, tal vez... solo tal vez, como ya hemos dicho estemos en proceso de descifrar una forma particular de democracia a la peruana.
Y aunque la Constitución siga siendo una herramienta utilizada según los intereses del momento, la buena noticia es que la sociedad peruana sigue madurando en democracia...
Y hablando de ¿manipulaciones, coincidencias o reacción rápida? (actualización al 15/11/2020.23:00 horas)
...para las 15:00 horas, el Partido Morado había exigido la restitución de Martín Vizcarra, quien le pide al TC no esperar hasta el miércoles para resolver la demanda competencial, a lo que este último responde con otro tweet que anuncia sesión extraordinaria para que mañana lunes 16 al mediodía se evalúe dicha causa. ¿Qué resolverán los magistrados, serios y populistas, del TC?
Y mientras tanto, ya corren las convocatorias para una nueva marcha nacional el día lunes 16 en la Plaza San Martín #NiMerino #NiVizcarra y un puño zurdo pintado de rojo refuerza la frase "Nueva Constitución o Nada".
Horas más tarde Francisco Sagasti que había sido la segunda opción del Partido Morado para asumir la Presidencia del Congreso (la primera opción fue Gino Costa, como también lo propuse Mario Vargas Llosa, de quien se desistió por falta de consenso entre los demás partidos), anunció su renuncia a cualquier intención de formar parte de la Mesa Directiva del Congreso que dirige Rocío Silva Santiesteban de Frente Amplio.
Antes de cerrar el día el pleno del Congreso rechazó con 52 votos la lista a la presidencia del Parlamento encabezada por Rocío Silva Santisteban. El Frepap, Fuerza Popular y Podemos Perú estuvieron en contra. Los cinco parlamentarios de Somos Perú se abstuvieron, mientras Alianza para el Progreso y Acción Popular dividieron su voto.
(actualización al 16/11/2020.15:30:00 horas) Al día siguiente se eligió como Presidente del Congreso a un ex-Asesor del Ministro de Industria del gobierno de facto de Juan Velazco Alvarado y aparente admirador de terroristas como Néstor Cérpa Cartolini y su lugar teniente "El Árabe", a quienes les pidió un autógrafo mientras mantenían rehenes en la Embajada de Japón (según el mismo Sagasti , la dedicatoria de Cérpa Cartolini dice "Para el señor Sagasti , con todo respeto" y la de "El Árabe" dice: "Para el señor Sagasti , con el respeto de siempre"; y, curiosamente fue liberado al poco tiempo): el mismo Francisco Sagasti que hace menos de 24 horas había declinado como vicepresidente... ¿ahora sí nos sentimos representados?
[1] La sentencia detalla que, en setiembre de 2014, cuando
Humberto Acuña tenía el cargo de gobernador regional de Lambayeque, autorizó a
su cuñado Díaz Bravo a sobornar con S/ 750 al ex policía Joel Ugaz (también sentenciado
y que misteriosamente falleció el año pasado) para que elabore una falsa
declaración en una investigación que se le seguía a Acuña por el supuesto
delito de asociación ilícita para delinquir.
