DOS GOLPES DE ESTADO POPULISTAS Y UN ¿GOLPE DE ESTADO? IMPOPULAR

Una garantía de libertad frente al Estado

Y un buen día las personas se declararon libres. Se organizaron y voluntariamente decidieron ceder una parte de esa libertad a favor de unos pocos que ahora llamamos gobernantes. Pero ¿cómo impedir el abuso del poder por parte de esos gobernantes? ¿Cómo evitar perder esa libertad que se ha ganado? ¡Fácil! El pueblo condiciona el ejercicio del poder a los límites que ellos mismos establecen en las leyes.

La ley de más alto rango es la Constitución que, se supone, plasma la voluntad del pueblo respecto de asuntos tan delicados como el reconocimiento de los derechos fundamentales o la organización del Estado y su forma de gobierno. Pero como la Constitución no puede agotar todos los temas, el pueblo, representado por los congresistas que ellos mismos eligen, emiten otras leyes que trazan los límites al ejercicio del poder.

Así, nada de que no esté claramente establecido en la Constitución o en una ley, puede ser ejecutado por los gobernantes. En términos simples: “papelito manda”. Solo así se puede garantizar la libertad del pueblo. Este es el «principio de juridicidad» (impropiamente llamado, «principio de legalidad»).

Y mientras los gobernantes encuentran estos límites impuestos por el pueblo, los ciudadanos gozamos de la más amplia libertad posible bajo la conocida regla “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.

Vizcarra y su golpe de Estado populista

Busque en la Constitución la expresión “denegatoria fáctica de confianza”. No la va a encontrar. Fin de la discusión. Y, como ya dijimos, si no está no se puede disolver el Congreso. Punto, no hay más que discutir. Pero Vizcarra (acostumbrado, desde su presidencia Regional, a hacer política en la zona gris de la ley, pero con el respaldo del pueblo) lo disolvió el 30 de septiembre de 2019 luego de hacer «cuestión de confianza» sobre el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional (TC), decisión que es de exclusiva competencia del Poder Legislativo. Para Vizcarra (y para muchos de nosotros) el proceso de selección no era transparente y no garantizaba la división de poderes.

Muy probablemente, el Congreso que disolvió Vizcarra fue uno de los más repudiados por una aparente generalidad. Decimos “aparente” porque los medios de comunicación y las redes sociales parecían ser claros en mostrar su disconformidad con cualquier acción que realizara algún fujimorista. Incluso las pocas veces que se trataron de hacer las cosas bien (porque, valgan verdades, en la mayoría de los casos se cometieron excesos), las críticas más rabiosas fluían como cataratas. Vivíamos (y vivimos) la crítica por la crítica misma. La intolerancia sin medida para otros, pero exigimos tolerancia para nosotros. Somos partidarios de la “democracia” del “anti” que es una corrupción de la democracia propiamente dicha, pues no se votamos por nuestras preferencias sino en contra de nuestros adversarios.

Sin embargo, esa confrontación contra el Congreso empezó desde el mismo momento en que cada uno de esos congresistas ganaron una curul a través del voto popular. Y quienes lo criticaban (con o sin razón) eran votantes que habían perdido en las elecciones. Con lo cual quedan dudas respecto de lo que la generalidad realmente quería, aunque no quedan dudas respecto de lo que se percibe como una generalidad.

De cualquier modo, lo cierto es que cuando Vizcarra disuelve el Congreso, esa aparente generalidad festejó porque se había derrocado un Congreso fujimorista, autoritario y obstaculizador, lleno de personajes siniestros y corruptos, incluso muchos de ellos vinculados al narcotráfico y etc., etc. etc. Probablemente, muchas de estas acusaciones tengan fundamento, pero, aunque no nos guste, eran representantes que ganaron su curul con el voto popular y en democracia eso es sagrado. Por lo menos, en una democracia de verdad (que nunca caló a profundidad en el ciudadano peruano, dicho sea de paso).

Era el momento para que el TC declarara la inconstitucionalidad de la disolución del Congreso. Pero había un problema: el populismo ha venido contaminando el derecho desde hace varios años (por ejemplo, con las llamadas regulación por coyuntura). Por no quedar mal con la opinión pública, cuatro Magistrados del máximo intérprete de la Constitución, Marianela Ledesma, Carlos Ramos, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda, reemplazaron la garantía de libertad por su propio baño de popularidad. O sea, traicionaron al pueblo (sobre cómo el TC transformó un golpista en Presidente de la República, pese al voto en contra de tres juristas garantes de la libertad [Sardón, Blume, Ferrero Costa], véase nuestro post aquí).

Pese a ello, los magistrados eran conscientes del peligro que representaba validar un golpe de Estado con estas características. Y es que por más aplaudido que sea hoy, mañana podría ser utilizado para disolver a un Congreso que goce de aprobación popular o, peor aún, que la disolución se realice para concentrar el Poder en el Presidente de la República en forma ilegítima.

Por eso a lo largo de sus 84 páginas, la Sentencia TC delineó tres reglas que impiden la presentación de una «cuestión de confianza». Una de esas reglas es que la cuestión de confianza no puede estar relacionada “con el condicionamiento del sentido de alguna decisión” que sea competencia exclusiva de otro órgano estatal. Según el expresidente del TC, Oscar Urviola, “los magistrados debieron ser consecuentes con este fundamento, pues ‘precisamente es la situación que se presentó en la cuestión de confianza [planteada por el Ejecutivo] y que dio a lugar a la negativa fáctica, y que, por ende, resulta inconstitucional’ (Diario «El Comercio» 25 de enero 2020). En buen y simple castellano: si el TC hubiera aplicado esta misma regla al caso Vizcarra (que era el que estaba resolviendo cuando desarrollo la regla) hubiera declarado inconstitucional la disolución del Congreso en lugar de validarlo en tan vergonzoso (y contradictorio) pronunciamiento. El pueblo quedó satisfecho y celebró la Sentencia del TC. Esto es normal si se considera que el parámetro de juzgamiento no era la Constitución, sino la percepción general.

Merino y su ¿golpe de Estado? impopular

Disuelto el Congreso fujimorista y convalidado el golpe de Estado de Vizcarra elegimos nuevos Congresistas. Algo que no se atreven a decir muchos (porque no es políticamente correcto) es que los nuevos 130 representantes del pueblo hacen que algunos extrañemos a los parlamentarios predecesores. Le tomó solo dos meses al nuevo Congreso para demostrar que es el peor parlamento de toda nuestra historia republicana. Su poco respeto por la Constitución queda plasmado en una excesiva cantidad de proyectos de ley que desconocen flagrantemente el Régimen Constitucional Económico; y, el paupérrimo nivel de instrucción de la mayoría de sus integrantes contrasta con los intereses políticos relacionados a la reforma educativa, que no esconde otra cosa que el interés empresarial de algunos dueños de universidades incómodos con la Sunedu (entidad que, por otro lado, padece sus propios vicios: porque en el Perú si hay algo democratizado es la podredumbre y donde se apriete sale pus).

De pronto explota el caso Richard Swing y se involucra no solo a personas del círculo más cercano de Vizcarra sino incluso a él mismo. Todo está en investigación como se investigan también a 68 de los actuales congresistas. Incluso hay un sentenciado (el congresista Humberto Acuña) a tres años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de cohecho activo genérico (coloquialmente: coimero) en condición de cómplice[1]. Pero eso no importa, el objetivo es tomar el poder y a 7 meses de las elecciones presidenciales y 10 meses del cambio de gobierno, se promueve un primer intento de vacancia presidencial por «permanente incapacidad moral».

Vizcarra se defiende y el 18 de septiembre de 2020 acude a sus aliados en el TC para presentar una demanda competencial. El TC no concede la medida cautelar y antes que pueda pronunciarse, el Congreso vota en contra de la vacancia.

Pocos días pasaron antes que empezaran a aparecer colaboradores eficaces que comprometían a Vizcarra en serios actos de corrupción y el 20 de octubre de 2020 se promueve una nueva vacancia presidencial por el mismo motivo: «permanente incapacidad moral». Llegó el día de la votación y 105 congresistas le dijeron “chau” al otrora golpista Vizcarra. El Congreso siguió todo el procedimiento previsto en la Constitución y ejerció una de sus facultades conforme lo admite el sistema. No hay ninguna irregularidad. Nos guste o no, no es un golpe de Estado. Así sea el peor Congreso de la historia, el pueblo los voto y ellos vienen ejerciendo el poder conforme la Constitución y las leyes lo permiten.

Pero algunos plantean, con razón atendible, que la vacancia por «permanente incapacidad moral» no fue creada para que el Congreso vacara al presidente cuándo le diera la gana. Pero también es cierto que la Constitución dice que la incapacidad moral es declarada por el Congreso. O sea, que solo el Congreso puede definir cuándo un Presidente es moralmente incapaz y cuándo no. Y la única manera de hacerlo es a través una votación conforme el proceso ya normado. No existe algo así como la “dictadura de los votos” como se ha querido plantear interesadamente para cuestionar la decisión del Congreso.

No cabe duda, sin embargo, que es una vergüenza que se considere inmoral a un presidente investigado y no a un congresista sentenciado. Tampoco tiene sentido vacar al presidente cuando está a punto de dejar el gobierno, mucho menos en plena pandemia y crisis económica. Todos saben que el cambio de un ministro lo paraliza. Peor es cuando se cambia al Presidente de la República. ¡Qué irresponsabilidad vacar al presidente cuando los peruanos nos estamos muriendo o, en el mejor de los casos, estamos perdiendo nuestros trabajos!

Por eso, mientras el expresidente del Congreso, Manuel Merino recibía la banda presidencial de manos del nuevo Presidente Parlamentario Luis Alberto Valdez (que expresamente dijo que el caso Vizcarra es muy distinto al caso del congresista Acuña por lo que a este último no le deben levantar la inmunidad parlamentaria); las protestas en las calles convierten a Merino en el Presidente del Perú con menor legitimidad del siglo XXI. Curiosamente, Vizcarra no reclamó la vacancia y se fue tranquilo. ¿Habrá negociado algo? Veremos las resultas de su investigación…

Con la vehemencia que no existió cuando Vizcarra hizo el golpe de Estado, ahora algunos ciudadanos alegan una ruptura de orden constitucional. Para ello, se basan en interpretaciones, que más o menos debatibles, son mucho más abstractas que el reconocimiento objetivo de que la Constitución no contempla la “denegatoria fáctica de confianza”.

¿Por qué ayer se aplaudió la disolución del Congreso y hoy se rechaza la vacancia presidencial cuando la inconstitucionalidad de la primera es menos debatible que la segunda? ¿Cuál es la diferencia? La respuesta no es compleja: desde la elección del Congreso fujimorista, lo popular se alinea con la confrontación del Congreso.

Los que ahora se dicen defensores de la Constitución no lo eran el 30 de septiembre de 2019 cuando Vizcarra disolvió el Congreso, solo porque sí estaban de acuerdo con aquella decisión populista e inconstitucional. Los que entonces exigimos respeto a la Constitución fuimos tildados de fujimoristas (como si fuera insulto ¿hate speech?), porque en el Perú no podemos ver instituciones, sino personas (o grupo de personas). Y ahora, que el peor Congreso vacó al Presidente quienes se sienten fastidiados salen a las calles, forman aglomeraciones sin distanciamiento social y sin mascarillas van gritando arengas facilitando la propagación de la Covid-19. Las libertades están restringidas por decreto, pero el irrespeto a las normas también forma parte del día-día nacional.

¿Y dónde está la policía? ¿Dónde están los militares? Hasta hace poco se metían a las casas para evitar reuniones y si te encontraban en la calle durante el toque de queda, te detenían. Pero el día de la vacancia, las marchas y aglomeraciones se produjeron incluso durante el toque de queda. Durante el día, los tumultos son controlados, pero no diluidos. Es como si se quisiera que la gente se aglomere. ¿Será que el nuevo Jefe del Ejecutivo no quiere evitar contagios? Indudablemente, llegará una segunda ola terrible y la crisis sanitaria se agudizará al tal grado que, esperemos, no sirva de excusa para postergar las elecciones o en todo caso para que los enfermos (en su mayoría opositores al régimen) puedan ejercer su derecho al voto.

El tercer golpe de Estado, fue más popular (actualización al 15/11/2020.12:23 horas) 

Tuvieron que pasar seis días de intensas protestas y dos fatalidades para que varios ministros recién juramentados presentaran su carta de renuncia y para que bordeando el mediodía del 15 de noviembre, la Junta de Portavoces del Congreso "exhortara" a Manuel Merino, "a presentar de manera inmediata su carta de renuncia a la Presidencia de la República del Perú. Ello con el único objeto y única finalidad de salvaguardar la vida, la salud e integridad de todos los peruanos", bajo amenaza de proceder a iniciar un proceso de censura para la respectiva sucesión presidencial. El mensaje fue tan directo que hace pensar que fue previamente coordinado con el Ejecutivo: “El plazo es hoy, le pedimos que presente su renuncia, caso contrario. Seguiremos estrechamente los preceptos legales y constitucionales”, insistió.

Sea por estar arrinconado o por haberlo coordinado, a las 12:12 horas del mismo día, Merino presentó su renuncia irrevocable a la Presidencia de la República, y el espontáneo cacerolazo de los vecinos, no dejaron escuchar la última parte del discurso.

 

¿Qué paso? Tenemos un Presidente que asumió el cargo como ex Presidente del Congreso y por una una vacancia del Jefe del Ejecutivo. Busque en la Constitución la norma que le permite a este nuevo mandatario renunciar. Nuevamente, como en el golpe que hizo Vizcarra: no la va a encontrar. La Constitución no lo contempla, no porque se olvidó, sino para evitar más inestabilidad. Por lo tanto, no se le pueden aplicar las mismas reglas que el Presidente elegido directamente por el pueblo. Por eso el nuevo Presidente debe convocar a elecciones, para que el pueblo pueda "apretar botón de borrón cuenta nueva" eligiendo un nuevo gobernante (solución que parte de la premisa de que el pueblo siempre elige bien).

De aquí en adelante estamos en terreno incierto. No hay reglas en la Constitución para esta coyuntura. Pero parece que es una solución que, al menos, brinda más tranquilidad y estabilidad social. Por otro lado, se consolida la manifestación como canal legítimo de reclamo (casi prefiero las manifestaciones en redes sociales, parecen son menos perniciosas...). ¿Esperamos ver en el futuro marchas para demandar pedidos a los gobernantes? 

Tampoco tiene sentido, y por eso la Constitución no lo contempla, que Merino presente su renuncia pero no acepte la renuncia de sus ministros, cuando es una regla general que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si cae el Presidente, caen sus hombres de confianza.  

Y cualquiera que sea la salida para definir al nuevo Jefe de Estado, se basará en una regla no prevista en la Constitución.  

Reflexiones insolentes... 

Los peruanos, después de casi doscientos años de independencia, aún no somos conscientes de que la Constitución es la única y principal garantía de nuestra libertad. Por eso es bastante vergonzoso cuando se alude a una “visión legalista” como algo negativo. ¿A caso no se dan cuenta que la única forma de coexistir pacíficamente en un mismo lugar es con reglas claras que todos cumplan por igual y se apliquen en forma predecible? El origen de todo es la ley y ninguna visión de convivencia social adecuada puede desligarse de ello. Solo una cultura con debilidad institucional puede ir en una dirección distinta.

Por eso los institucionalistas exigen respeto al orden constitucional y legal, pero lamentablemente la mayoría de los peruanos los critican con argumentos como “sal de tu caja y mira las cosas más allá de las leyes”. A esas personas, que forman parte del problema, les decimos: sean humildes, miren dentro de esa caja para entenderla y, solo entonces, recurran a otras visiones que complementen y potencien las reglas en pro del interés común; pero no se basen en una intuición condicionada por la coyuntura y el entorno, solo porque les conviene.

Es innegable lo que ya sabemos: que en el Perú no existe institucionalidad. Los peruanos no creemos en las instituciones. No creemos en la Constitución, de hecho, no la conocemos, ni la entendemos, pues ninguna de nuestras constituciones refleja la verdadera voluntad del pueblo. 

Más allá de una aprobación popular, por ejemplo, mediante referéndum, su contenido es un ensamblaje de distintas figuras, instituciones y mecanismos importados de otras experiencias, realidades y culturas forjadas en democracia. Pero, podemos especular que hoy nos toco ¿Los peruanos estaremos promoviendo nuevas reglas Constitucionales sin precedente histórico para estos casos propios de nuestros modos políticos? ¿Estaremos atestiguando una nueva forma de entender la democracia? El respaldo de algunos especialistas y miembros de la comunidad internacional, parece validar la nueva solución peruana a la crisis.

Esta última conjetura es bastante atractiva para reflexionar. ¿Será que estamos ante una nueva forma más evolucionada de democracia, que rompe la rígida escribalidad basada en las reglas firmes e impuestas (discurso objetivo, para dotar de certidumbre al sistema), para reemplazarla por la flexible y pragmática cultura de la electronalidad que admite variaciones (pues todo se "setea" en perspectiva de los interlocutores)? 

A diferencia de los tiempos del libro, en los que el autor debía escribir con claridad porque el lector no tenía opción a repreguntas; en los tiempos que corren, la digitalización permite interactuar directamente con cualquier fuente de información. ¿La nueva forma de democracia admite la posibilidad de que el pueblo defina (mediante el ejercicio de su libertad de expresión: partiendo de la premisa que la información es adecuada y no existe manipulación) cuándo se deben cumplir las reglas y cuándo no, según las propias necesidades particulares de cada caso? 

La Constitución surge cuando el pueblo se autorregula. Dicha regulación debe ser clara para evitar que los gobernantes la malinterpreten en contra de los intereses del pueblo. Si bien con enmiendas y modificaciones el texto se va ajustando a los nuevas épocas, en términos generales, son los textos con mayor vocación de permanencia que tenemos en el ordenamiento jurídico. Pero ahora, es otra realidad: la masificación del acceso a la Internet (el nuevo derecho humano del Siglo XXI) le permite al pueblo hacerse escuchar con mayor facilidad. 

Suena bien ¡el ejercicio casi pleno de la democracia directa e inmediata! ¿Pero cómo evitar las manipulaciones? Este es uno de los desafíos que no sabemos solucionar, incluso desde antes de la era digital.

Tal vez, no lo sabemos. Habrá que ver qué nos depara el futuro. De cualquier modo, si la respuesta a nuestra conjetura es positiva, nos aventuramos a afirmar que los peruanos no somos conscientes de ello. Es innegable que en el Perú se habla de democracia sin practicarla, se habla de libertad sin respetarla y por eso se habla de golpe de Estado solo cuando nos conviene. Pero parece que nadie está de lado de la Constitución con sinceridad. Sin que eso signifique que, tal vez... solo tal vez, como ya hemos dicho estemos en proceso de descifrar una forma particular de democracia a la peruana. 

Y aunque la Constitución siga siendo una herramienta utilizada según los intereses del momento, la buena noticia es que la sociedad peruana sigue madurando en democracia... 

Y hablando de ¿manipulaciones, coincidencias o reacción rápida? (actualización al 15/11/2020.23:00 horas) 

...para las 15:00 horas, el Partido Morado había exigido la restitución de Martín Vizcarra, quien le pide al TC no esperar hasta el miércoles para resolver la demanda competencial, a lo que este último responde con otro tweet que anuncia sesión extraordinaria para que mañana lunes 16 al mediodía se evalúe dicha causa. ¿Qué resolverán los magistrados, serios y populistas, del TC? 

Y mientras tanto, ya corren las convocatorias para una nueva marcha nacional el día lunes 16 en la Plaza San Martín #NiMerino #NiVizcarra y un puño zurdo pintado de rojo refuerza la frase "Nueva Constitución o Nada".

Horas más tarde Francisco Sagasti que había sido la segunda opción del Partido Morado para asumir la Presidencia del Congreso (la primera opción fue Gino Costa, como también lo propuse Mario Vargas Llosa, de quien se desistió por falta de consenso entre los demás partidos), anunció su renuncia a cualquier intención de formar parte de la Mesa Directiva del Congreso que dirige Rocío Silva Santiesteban de Frente Amplio. 

Antes de cerrar el día el pleno del Congreso rechazó con 52 votos la lista a la presidencia del Parlamento encabezada por Rocío Silva Santisteban. El Frepap, Fuerza Popular y Podemos Perú estuvieron en contra. Los cinco parlamentarios de Somos Perú se abstuvieron, mientras Alianza para el Progreso y Acción Popular dividieron su voto.

(actualización al 16/11/2020.15:30:00 horas) Al día siguiente se eligió como Presidente del Congreso a un ex-Asesor del Ministro de Industria del gobierno de facto de Juan Velazco Alvarado y aparente admirador de terroristas como Néstor Cérpa Cartolini y su lugar teniente "El Árabe", a quienes les pidió un autógrafo mientras mantenían rehenes en la Embajada de Japón (según el mismo Sagasti , la dedicatoria de Cérpa Cartolini dice "Para el señor Sagasti , con todo respeto" y la de "El Árabe" dice: "Para el señor Sagasti , con el respeto de siempre"; y, curiosamente fue liberado al poco tiempo): el mismo Francisco Sagasti que hace menos de 24 horas había declinado como vicepresidente... ¿ahora sí nos sentimos representados?

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[1] La sentencia detalla que, en setiembre de 2014, cuando Humberto Acuña tenía el cargo de gobernador regional de Lambayeque, autorizó a su cuñado Díaz Bravo a sobornar con S/ 750 al ex policía Joel Ugaz (también sentenciado y que misteriosamente falleció el año pasado) para que elabore una falsa declaración en una investigación que se le seguía a Acuña por el supuesto delito de asociación ilícita para delinquir.

LA REVOLUCIÓN DE LOS BALCONES

Algunas cosas nunca volverán a ser como antes. Un solo invento, la imprenta, fue el motor que impulsó el inicio de la Edad Moderna. Tres siglos más adelante una horda de parisinos hastiados tomó la prisión de la Bastilla y estalló la Revolución Francesa, marcando el inicio de la Edad Contemporánea.
Al igual que ambos hitos históricos que identifican el inicio de una nueva Edad de la Historia, en estos últimos años, dos siglos después, ha ido madurando un nuevo cambio, igual de relevante que los anteriores. Y tal vez, esta pandemia quede estigmatizada como un punto sin retorno que quedará registrado en la enciclopedia del Siglo XXI por excelencia: Wikipedia. Llegó la «Revolución de los Balcones». 
En el 2019 se inició una crisis sanitaria global que obligó a la Organización Mundial de la Salud a declarar[1], que el coronavirus causante del Covid-19 cambió de una situación de epidemia a pandemia al extenderse en más de cien países del mundo de manera simultánea.
Estado tras Estado fueron decretando cuarentenas y cerrando sus fronteras, algunos más tarde que temprano. En lugar de guerras mundiales, hay aislamientos sociales de alcance mundial. Algo sin precedentes.
Para el juzgamiento futuro, se recordará que pese al nivel de infectados en los Estados Unidos, que ya alcanzó el record del país con más casos confirmados, este ha sido el Estado que se está tardando más de lo necesario en adoptar medidas semejantes. A la fecha en que se escribe este ensayo, Donald Trump aún no ha declarado una cuarentena obligatoria ni ha cerrado sus fronteras. Ha decidido privilegiar el comercio frente a la salud, más allá de un equilibrio razonable[2]. No obstante, Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York encargó construir a las afueras del Hospital Bellevue en Manhattan una morgue improvisada como reflejo de la proyección de muertes por coronavirus en la ciudad.
La reducción repentina de personas que trae consigo el virus, es necesaria para restablecer equilibrios ecológicos[3] pero no derivará en el exterminio total de nuestra especie. Sí será, en cambio, un duro castigo que la madre naturaleza nos hará sentir con severidad. La punición del ser humano no se limitará al estrés emocional de vernos encerrados como animales en un zoológico, mientras los otros animales recobran sus espacios, finalmente libres. Si le redujimos el hielo a los osos polares limitando su espacio para vivir, si nuestra deforestación eliminó el hábitat de millones de especies y si los mares se ahogan en toneladas de nuestro plástico; la retaliación natural también afectará lo que más necesitamos para vivir: la economía.
Trump lo sabe, pero su narcisismo le impide reconocer que no existe fuerza más ingobernable que la de la naturaleza. Por ello, preferir el comercio antes que la salud en esta coyuntura y con base en un frío cálculo de «muertes humanas versus rentabilidad comercial», no solo es inhumano, sino que es un despropósito.
En los demás países que de modo responsable adoptaron una postura más conservadora y tuitiva con la población mundial, el aislamiento social comienza a promover el encuentro de lazos comunes con un nuevo mundo. Uno en el que China, que comercialmente dejó de ser actor invitado hace tiempo, también ganará protagonismo en otros ámbitos más allá de lo económico. Cada vez seremos más cocientes de que todos formamos partes de la misma especie.
Durante la «Revolución de los Balcones», en los países latinos más devastados de Europa (Italia, España y Francia) los que se atrincheran a conciencia en sus casas para combatir el virus, y se resisten a dejar su bastión de protección sanitaria; empezaron a compartir aires de esperanza entre los balcones. Primero, en Italia, los tenores salen a cantar animando a sus vecinos durante la cuarentena. Desde ahí se aplaude, se mira, se escucha, se interactúa con el barrio… pero siempre protegidos: en la calle, desde casa. Y como no podía ser de otro modo, todo se transmite en las redes sociales. Esto último permitió que la práctica fuera seguida por muchos otros cantores de Europa. El Perú urbano y nuestra Lima copada de nuevos edificios con balcones y ventanas a la calle, no fue la excepción.
En el combate contra el virus, también fueron contagiadas, en distintos países, otras formas de espontánea expresión social: aplaudir y saludar a los empleados públicos que recogen los residuos sólidos, los médicos y técnicos en medicina, la policía municipal y del gobierno central, así como a fuerzas armadas. ¿Será una nueva costumbre o una de las tantas moditas efímeras (#trending) que caracterizan el modelo vigente de consumo de información?
De cualquier modo, nadie se sorprende por la armonización de estas conductas, de manera orgánica y descentralizada. Es tan usual que esto suceda que lo damos por sentado. Preparándonos para entrar en la «sociedad del conocimiento», los avances tecnológicos de los últimos años también han sido revolucionarios. En definitiva, los desarrollos que más han contribuido con el nuevo cambio al que nos enfrentamos, son los relacionados a la genética y la inteligencia artificial (IA). En una segunda banda, los acompañan otras tecnologías disruptivas como blockchain, big data o las impresiones 3D. El uso de aplicativos y redes sociales han permitido intensificar la interacción entre los actores de la sociedad promoviendo la atmósfera adecuada para el surgimiento de nuevos movimientos sociales, como por ejemplo, el empoderamiento de la mujer, o la cada vez más palpable preocupación por el medioambiente y el amor por los animales.
Y aunque sin armas, como cualquier revolución, la de los balcones también cobrará víctimas. Pero las víctimas del Covid-19 no serán solo humanas, sino también económicas. El impacto de la pandemia en el comercio será tan catastrófico, que este evento también será recordado por ello. El frenazo productivo y comercial en casi todo el globo, nos sumergirá en una crisis económica de escala mundial que obligará a repensar nuestras costumbres comerciales, encontrar la oportunidad de promover actividades amigables con el medio ambiente y dejar atrás viejas prácticas de producción más contaminantes. “Y de pronto un buen día, una fuerza superior decidió apretar el botón de REINICIO de todo el planeta… y todos empezaron de cero”, escribirá algún día un literato del Siglo XXII (veintidós) en alguna de sus novelas históricas.
La cadena de pagos se quebrará y muchas empresas, sin poder cubrir sus costos, saldrán del mercado. Veremos Estados tentados a resguardar los intereses de las industrias locales y reforzarán los controles en frontera. La desglobalización cobrará vigor en un contexto en el que las economías asiáticas comienzan a dominar el planeta.
Para resurgir con mayor velocidad habrá que estar en alguno de los sectores esenciales para la vida: salud y alimentos. Y, como es lógico, también reflotarán (con menor lentitud) los modelos de negocio que tengan una inversión relativa menor y que no tenga que someterse a controles fronterizos. Vale decir, los negocios basados en nuevas tecnologías, cuya intensidad en uso se acelerará aún más.
Para evitar futuras aglomeraciones en un mundo traumatizado por la pandemia, el comercio electrónico y el teletrabajo serán impulsadas con esmero por los gobiernos, empresarios y consumidores de todo el mundo. Durante la primera semana de cuarentena, el gasto promedio de e-commerce se elevó en 49% (Fuente: Diario Gestión, 29/03/2020) y el Gobierno Peruano ha emitido una serie de medidas que promueven el teletrabajo.
Esto a su vez, le dará un respiro a la tan golpeada economía y al casi desahuciado medio ambiente[4], pues reducirá costos laborales, los traslados improductivos y las emisiones de CO2.
La teleeducación ya empieza a proliferar durante la cuarentena y en el corto plazo la telemedicina transitará por el mismo sendero. Ante la percepción del cuerpo como portador permanente de un agente patógeno, el contacto material será cada vez menor y paulatinamente será reemplazado por el relacionamiento digital a todo nivel. Veremos cambio en algunos hábitos: menos viajes contaminantes, más cadenas de suministro locales, más paseos y ciclismo.
El cambio de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea se produjo desde años antes de la Revolución Francesa y continuó por muchos años después y en forma totalizante hasta la actualidad, pese a que, desde hace no mucho más atrás de veinticinco años, se viene preparando el cambio a una Edad Post-Contemporánea (o Edad del Conocimiento). Este antecedente nos permite suponer que es muy probable que en los próximos años persistamos en mantener nuestro estilo de vida actual. No sabemos cómo podrá llegar a ser más adelante, pero podemos concedernos una licencia para imaginar: los cines reducirán la cantidad de sus butacas, con lo que los precios podrían volverse prohibitivos y desventajosa frente a competidores tan agresivos como la TV Online, a menos que mejore su oferta como un servicio exclusivo. Las reuniones se realizarán en amplias salas con sillas más separadas, lo que podría redundar en un nuevo estilo de diseño que podría florecer como característico del Siglo XXI. Los gimnasios, peluquerías, restaurantes, etc.; requerirán sistemas que permitan reservar espacios de modo programado para evitar tumultos. Esto derivará en aplicativos de booking amigables y eficientes, para lo cual será indispensable la correcta gestión de datos, de los que se sirve la IA para poder funcionar.
Y la misma IA nos enseñará que las nuevas tecnologías también eliminan las distancias físicas. Por ejemplo, podría ser utilizada para ayudar a los cirujanos a realizar operaciones a miles de kilómetros de distancia del paciente mediante el uso de la robótica y la conectividad. Hoy en día ya se realizan diagnósticos y consultas médicas en forma remota.
Indefectiblemente se abrirá un debate sobre la privacidad de los datos y su vinculación con la seguridad nacional. Ya no se pretenderá proteger la privacidad a cualquier precio, sino de restringir (técnica, jurídica y políticamente) el uso de los datos que se recopilan y procesan.
Nuevamente la «Revolución de los Balcones» se erige como futuro recordatorio de que durante la pandemia 2019-2020, basados en un modelo de data privacy menos garantista, los países asiáticos gestionaron mejor la crisis que Occidente. En un artículo publicado en enero de este año (aquí) dimos cuenta de cómo China controla el comportamiento de sus ciudadanos a partir de la información obtenida por la infinidad de cámaras instaladas en las calles. Pues bien, resulta que toda esa infraestructura de vigilancia digital ha sido fundamental para contener la epidemia. El gobierno chino es capaz de conocer cada detalle, como por ejemplo, quién iba sentado en un tren determinado. Al salir de la estación de Pekín una cámara registra la temperatura corporal de los pasajeros y si detecta alguna elevada, las demás personas que iban sentadas en el mismo vagón reciben una notificación en sus teléfonos móviles. 
Asimismo, Singapur realiza un seguimiento minucioso de contactos y publica datos detallados sobre cada caso confirmado (sin mencionar el nombre de la persona), mientras que Israel piensa usar los datos de ubicación de los teléfonos móviles (usualmente utilizados por el servicio de inteligencia para rastrear a los terroristas), para seguir a las personas que han estado en contacto con pacientes confirmados con el virus. 
Sin ir muy lejos, la legislación peruana sobre protección de datos personales admite ciertas flexibilidades por razones de salud pública calificadas como tales por el Ministerio de Salud[5]. Asimismo, durante la crisis, se emitió un decreto de urgencia[6] que, entre otras medidas, dispuso la creación de un Sistema Integrado para la Gestión de la Emergencia Sanitaria COVID-19, el cual contiene la información centralizada de las bases de datos que se requieran para la priorización, asignación e implementación de acciones para la oportuna y adecuada asignación de recursos en el marco de la emergencia sanitaria.
No debería sorprender entonces, que sobre la base de una noción de seguridad nacional, los Gobiernos comiencen a exigir el suministro de datos revelen nuestras actividades y preferencias. Más pronto de lo esperado nos habremos acostumbrado a pasar por una revisión de temperatura corporal y de ubicación previa (¿registrarán nuestros movimientos?), para detectar si hemos estado cerca de personas infectadas o en puntos calientes de las enfermedades; como condición para ingresar a lugares indefectiblemente tumultuosos (como por ejemplo, una discoteca) o potencialmente peligroso (como serían los medios de transporte o las entidades públicas). 
Todo este contexto y gracias al desarrollo de las comunicaciones entre pares y al empleo masivo de la digitalización durante este confinamiento mundial, se va gestando un nuevo contrato social de escala universal[7]. Algunos ya sugieren que “[e]ste nuevo orden mundial ha de plantear interrogantes severos sobre el futuro de la democracia y el desarrollo del capitalismo. También sobre el significado y ejercicio de los derechos humanos, tan proclamados como pisoteados en todo el orbe”[8].
El siguiente paso, es un natural constitucionalismo planetario “una conciencia general de nuestro común destino que, por ello mismo, requiere también de un sistema común de garantías de nuestros derechos y de nuestra pacífica y solidaria coexistencia”[9] Esta sería la atmósfera propicia para declarar el acceso a internet como un renovado y destacado derecho fundamental del Siglo XXI.
Y por supuesto, con todo esto y mucho más, no extraña que no extraña que ya se escuchen referencias a una «Generation C» («Generación C») para designar a los nacidos durante la pandemia.[10]
En estos días de cuarentena, debemos tomar conciencia de nuestro rol. Somos testigos de un cambio relevante en la historia de la humanidad y protagonistas de su hito distintivo: la «Revolución de los Balcones». Una revolución que no se gana con municiones sino resguardando la salud en casa, socializando la experiencia en las redes sociales, reproduciéndonos con la persona que tenemos al lado y saliendo a gritar nuestro amor al balcón; y cuando finalmente llegue el momento de recobrar las calles, saldremos para encontrar una nueva época…

[1]   El día 11 de marzo de 2020.
[2]   De nada sirve tener un comercio sano si todas las personas están enfermas. Pero mantener a las personas sanas en el largo plazo no es posible sin el comercio de alimentos o medicinas o la prestación de servicios de salud.
[3]   Podemos entender al virus (que no califica como ser viviente) como un correctivo biológico que restablece el desbalance ecológico generado por la sobrepoblación del planeta con seres humanos humanos que, en principio, estaríamos diseñados para vivir menos años de que los que alcanzamos en la actualidad gracias a la medicina. Esta medida natural y extrema que surge por el bien del ecosistema planetario podría acelerar el proceso de aproximación hacia una nueva forma de entender las cosas más allá de los rituales tradicionales: la naturaleza como religión.
[4]   Los aislamientos sociales (o cuarentena) han demostrado tener un impacto positivo en el medio ambiente. En Venecia, tras décadas de polución, agua cristalina vuelve a correr por sus canales. Se ha disminuido la contaminación del aire en lugares como París, Milán, Madrid e incluso Lima; y, la paralización de la industria y el transporte ha reducido las emisiones de CO2, tal como muestran los satélites. Desde este inicio del 2020 no seremos los seres humanos los que amenacemos a la madre naturaleza. Será ella quien nos reprenda por nuestra pésima actitud para con ella. Después tantos años en los que le hemos faltado el respeto a la flora, fauna, mares, tierra y aire, para sostener el contaminante estilo de vida del ser humano, todos los organismos vivos de la tierra se merecen un descanso y el Covid-19 se los ha dado obligándonos a estar en cuarentena.
[5]   Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales (Artículo 14)
[6]   Decreto de Urgencia N° 031-2020
[7]   CEBRIÁN, Juan Luis. Un cataclismo previsto. En: El País. 23 de marzo 2020. (aquí)
[8] CEBRIÁN, Juan Luis. Un cataclismo previsto. En: El País. 23 de marzo 2020. (aquí)
[9]   CEBRIÁN, Juan Luis, citando a el filósofo del Derecho, profesor Luigi Ferrajoli, uno de los principales teóricos del garantismo jurídico. En: Un cataclismo previsto. En: El País. 23 de marzo 2020. (aquí)
[10]  We realized that her child might be one of the first of a new cohort who are born into a society profoundly altered by COVID-19. We decided to call them. ED YONG. “How the Pandemic Will End”. En The Atlantic. (aquí)

EL DÍA QUE EL GOLPISTA SE CONVIRTIÓ EN PRESIDENTE

ADVERTENCIA: este post no es popular (eso puede que sea una buena señal), podría herir susceptibilidades y refleja la indignación de los verdaderos amantes de la libertad y la democracia... No espero lograr adeptos con mi postura, pero tampoco es algo que me motive a dejar de escribir lo que para mi es LA VERDAD.

Hoy es un día negro para la democracia y la libertad.

Para cobrar en el banco un cheque ajeno, me piden una “carta poder”. Si ese poder dice que puedo cobrar por el concepto A, el banco no puede darme una suma mayor bajo el concepto B. Hay ciertas previsiones que deben adoptarse para evitar excesos y perjudicar al dueño del cheque (el poder-dante), en este caso, frente a apropiaciones indebidas de mi parte.

En sociedad la “carta poder” es la Constitución. Los ciudadanos (“poder-dantes”) le damos una “carta poder” a los gobernantes para que hagan solo lo que les decimos que pueden hacer. Nada más. Y es literalmente “nada más” porque los gobernantes no solo tienen acceso a las cuentas públicas (y queremos evitar que nos roben) sino sobre todo porque tienen la capacidad de castigarnos, meternos a cárcel, ponernos multas, expatriarnos, incluso condenarnos a la muerte, de ser el caso. Ese es el principio de juridicidad, y su contracara es el principio de libertad, por el cual los ciudadanos (“poder-dantes”) podemos hacer absolutamente todo lo que la ley no prohíbe, ni obligados a hacer lo que ella no manda. La conjunción de estas dos reglas, garantizan que los gobernantes no cometan excesos y que los ciudadanos podamos ser libres en sociedad. Pues bien, estos principios han sido relajados, y eso no es bueno.

Con votación 4-3 el Tribunal Constitucional (TC) declara infundada la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea sobre la disolución del Congreso por parte de Vizcarra. Olaechea y el Congreso disuelto no son del agrado de la mayoría (y me incluyo), pero eso es irrelevante. Aquí no se habla de personas, sino de instituciones y garantías del ciudadano libre... que tal vez no exista más.

Pese a la democrática defensa de la separación de poderes y de los principios de juridicidad y libertad que soportan los votos en discordia de los magistrados Augusto Ferrero Costa, Ernesto Blume Fortini y, mi maestro, José Luis Sardón de Taboada; las personas Marianella Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera (que desde hoy no merecen el respeto de nadie que sea amante de la libertad y de la democracia) han reconocido con un voto en mayoría que el Poder Ejecutivo (no solo este, sino de cualquier otro del futuro) puede interpretar la Constitución como se le antoje, al grado de permitirle inventar figuras inexistentes en nuestra Constitución, la doctrina o la jurisprudencia del mundo, como es la famosa “denegatoria fáctica de confianza”. Es como si el cajero del banco admitiera cualquier excusa verbal mía para darme el dinero por el concepto B, cuando esa no fue la voluntad del poder-dante  (que ahora pone en riesgo su patrimonio). Curiosidades a parte, la presidenta del TC (Ledesma) reconoció que “esta posibilidad es peligrosa para el futuro...” Pero, si el concepto es el mismo, ¿por qué no es peligroso hoy? La duda quedará porque nadie se lo preguntó.

Y es que en un “debate” en el que prácticamente no se debatió nada (salvo la manera de presentar la sentencia) y en el que únicamente se expusieron las posturas de cada quien, el voto mayoritario valida que el Poder Ejecutivo pueda pechar al Congreso, patear la puerta del hemiciclo (casi literal, en verdad entró a empujones: conducta típicamente democrática, ¿verdad?), imponerle una agenda legislativa al Congreso y obligarlos a sancionar leyes como le plazca; sin que nada de eso constituya una afectación a la democracia o a la separación de poderes. Aquí nadie intercambió opiniones. No se encontró una solución conjunta. Las ideas no se pusieron a prueba. Quienes llegaron a la sesión con una postura se fueron sin enfrentar cuestionamientos. Y la Sentencia fue evacuada según la coincidencia mayoritaria, sin pasar por un filtro de verdadero debate.

Aplaudirán esta decisión los incautos, los populistas y los irracionales que prefieren “ganar la pelea” a los fujimoristas (que merecidamente se ganaron el repudio de la población) antes que respetar las reglas democráticas: porque el fin justifica los medios.

Esta Sentencia, que destaca por su tinte político y que es ajena a la técnica jurídica (tan es así que incluso Miranda tuvo que “poner el parche” al decir que en sus 5 años como magistrado no se ha dejado presionar políticamente ¿a santo de qué viene ese comentario? Si hubiera votado distinto, ¿Vizcarra y todo el Ejecutivo hubieran cometido delito de usurpación de poder? ¿Habrá existido presión?) no sorprende en un país como el nuestro en que la institucionalidad y las garantías fundamentales de la libertad son como los unicornios: se habla de ellos, pero no existen.

Una pena por nuestro Perú. La historia juzgará a quienes han traicionado la confianza del pueblo. Pensábamos que eran los garantes de nuestra Constitución, de nuestra libertad y de nuestra democracia; pero descubrimos que solo son Marianella Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera. Nombres que debemos tatuar en el rencor de nuestra memoria, para desmentir a quien algún día pretenda alegar que son personas comprometidas con la causa democrática. Su propia sentencia los habría desmentido.

Ahora nos toca a los verdaderos demócratas e institucionalistas respetar la infame Sentencia de un Tribunal Constitucional políticamente capturado y reconocer muy a nuestro pesar que el golpista Vizcarra ya no detenta más el poder, sino que es nuestro Presidente.

¡OJALÁ QUE VIVA EL PERÚ!