EL PERUANO YA NO VOTA: CALCULA

En el Perú ocurre algo extraño: somos un país que habla mucho, discute mucho, opina de todo. Abundan más las vocaciones vinculadas a las letras y las humanidades que a las ciencias exactas. Nos gusta interpretar, argumentar, polemizar. Somos, en esencia, una sociedad más cercana al debate que a la calculadora. Y, sin embargo, cuando llega el momento de decidir algo importante, actuamos exactamente al revés: dejamos de pensar y empezamos a calcular.

Lo hacemos todo el tiempo. En el fútbol, por ejemplo; que es "lo más importante de lo menos importante". No basta con ver jugar a la selección: inmediatamente sacamos cuentas, revisamos combinaciones, especulamos con resultados ajenos y armamos ese rompecabezas absurdo de “si Bolivia pierde, si Chile empata, si nosotros ganamos por dos”. Vivimos pendientes de la tabla, no del juego. El problema es que esa lógica, casi pintoresca en el deporte, se ha contaminado la política. Y ahí ya no da risa pues eso sí que es verdaderamente importante.

Hace años que en el Perú las elecciones dejaron de ser una competencia de ideas para convertirse en una carrera de apuestas. Ya casi nadie pregunta quién propone mejor, quién tiene una visión más seria del país o quién defiende convicciones claras. La pregunta dominante es otra: quién tiene más posibilidades, quién está subiendo en las encuestas, a quién hay que apoyar para frenar a otro. Votamos con miedo, con cálculo, con encuestas en la mano. Ya no votamos por convicción: votamos estratégicamente, como si el país fuera una quiniela.

Eso no solo empobrece la democracia; la corroe. Porque cuando el voto deja de ser una expresión de ideas y se convierte en una maniobra táctica, el debate público se vacía. Los candidatos ya no necesitan pensar: les basta con posicionarse. Los ciudadanos ya no necesitan creer: les basta con temer. Y así nos volvemos perfectamente manipulables, sobre todo en un país donde las encuestadoras han demostrado una y otra vez que no son oráculos, sino instrumentos falibles, muchas veces sobrevalorados y a veces funcionales al clima que dicen registrar.

El resultado es perverso: un país que se cree vivo políticamente, pero que en realidad vota acorralado. Un electorado que habla mucho, sí, pero debate poco; que opina bastante, pero reflexiona cada vez menos. Nos hemos acostumbrado a elegir no al que queremos, sino al que “conviene”. Y ese hábito, repetido elección tras elección, está destruyendo el sentido mismo del voto.

Hay que decirlo sin rodeos: votar “estratégicamente” puede sonar inteligente, pero en el fondo es una renuncia. Es aceptar que tus ideas valen menos que la foto de la encuesta del domingo. Es dejar que el miedo decida por ti. Es entregar tu libertad política antes de entrar a la cabina.

La democracia no necesita votantes que calculen como apostadores. Necesita ciudadanos que elijan como personas libres. Vota por convicción, no por estrategia.

SISTEMA CONSTITUCIONAL HACKEADO

La Constitución Política del Perú de 1993 establece en su Artículo 115° que, en caso de "impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento de ambos, el Presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones."

La norma parece clara: se trata de un mecanismo excepcional de sucesión destinado a garantizar continuidad institucional ante una crisis. No fue diseñada como una herramienta de reorganización política ni como un mecanismo de captura del Ejecutivo.

Sin embargo, el 5 de diciembre del año 2000 se publicó la Ley N° 27375, en un contexto extraordinario: Valentín Paniagua, entonces Presidente del Congreso, ya había asumido la Presidencia de la República el 22 de noviembre tras la vacancia de Alberto Fujimori. Esa ley interpretó el Artículo 115 en el sentido de que el mandato conferido al Presidente del Congreso para asumir la Presidencia por impedimento permanente del titular y de los vicepresidentes "no implica la vacancia de su cargo de Presidente del Congreso ni de su condición de Congresista de la República".

En otras palabras, el Presidente del Congreso no deja su cargo legislativo y simplemente asume las funciones de Presidente de la República. Eso no es sucesión constitucional. Es concentración de poder.

El resultado es una distorsión profunda del principio de separación de poderes. El Poder Ejecutivo queda, en la práctica, bajo la órbita del Congreso, que conserva la posibilidad de remover a quien, aun cuando ejerce la Jefatura del Estado, sigue perteneciendo al Poder Legislativo. Se rompe así el equilibrio básico del sistema de pesos y contrapesos, y se facilita la instrumentalización del Poder Ejecutivo para limitar su función fiscalizadora y encauzar la regulación y las decisiones públicas hacia agendas particulares que operan tras bambalinas.

Mientras la Ley N° 27375 permanezca vigente —o mientras se siga interpretando la Constitución en un sentido que avale esta concentración funcional— los incentivos institucionales se deforman. El Congreso adquiere un poder extraordinario: puede declarar la incapacidad moral permanente del Presidente elegido directamente por el pueblo y, acto seguido, colocar en el Ejecutivo a uno de los suyos sin perder el control parlamentario.

El mensaje implícito es peligroso: el Presidente electo no es un contrapeso del Congreso, sino una pieza reemplazable dentro de su tablero.

La dinámica se vuelve predecible. El pueblo elige a un Presidente. El Congreso se erige en “reserva moral” y eleva el estándar de escrutinio según conveniencia. Si se quiere, cada decisión presidencial se presenta como sospechosa. El clima de opinión se agita —no faltan titulares alarmistas ni campañas mediáticas que alimenten la zozobra— y finalmente se activa la vacancia por incapacidad moral permanente (una noción que el Tribunal Constitucional evitó aclarar en 2020 y cuya indeterminación persiste hasta el día de hoy).

Consumado el relevo, las bancadas parlamentarias acuerdan al nuevo gobernante, quien asume bajo una condición implícita: alineamiento o reemplazo.

El círculo se completa con una narrativa exculpatoria: “debemos aprender a votar y elegir bien a nuestros representantes”. La responsabilidad se desplaza hacia el electorado, aun cuando los incentivos estructurales permanecen intactos. Porque las reglas no han cambiado. Y mientras las reglas no cambien, los incentivos tampoco lo harán y, en consecuencia, los comportamientos menos aún.

Lo que se presenta como una solución constitucional puede convertirse, en realidad, en una forma sofisticada de subordinación del Ejecutivo al Legislativo. Un sistema diseñado para distribuir poder termina concentrándolo.

Cuando la arquitectura institucional permite que un poder controle al otro sin renunciar al propio, el problema ya no es político: es estructural.

Y los sistemas estructuralmente defectuosos no colapsan de golpe. Se hackean, paso a paso.