Hoy es un día negro para la democracia y la libertad.
Para cobrar en el banco un cheque ajeno, me piden una “carta
poder”. Si ese poder dice que puedo cobrar por el concepto A, el banco no puede
darme una suma mayor bajo el concepto B. Hay ciertas previsiones que deben adoptarse para evitar excesos y perjudicar al dueño del cheque (el poder-dante), en este caso, frente a apropiaciones indebidas de mi parte.
En sociedad la “carta poder” es la Constitución. Los
ciudadanos (“poder-dantes”) le damos una “carta poder” a los gobernantes para que hagan solo lo
que les decimos que pueden hacer. Nada más. Y es literalmente “nada más” porque
los gobernantes no solo tienen acceso a las cuentas públicas (y queremos evitar que nos roben) sino sobre todo porque tienen la capacidad de castigarnos, meternos a cárcel, ponernos
multas, expatriarnos, incluso condenarnos a la muerte, de ser el caso. Ese es
el principio de juridicidad, y su contracara es el principio de libertad, por
el cual los ciudadanos (“poder-dantes”) podemos hacer absolutamente todo lo que
la ley no prohíbe, ni obligados a hacer lo que ella no manda. La conjunción de
estas dos reglas, garantizan que los gobernantes no cometan excesos y que los
ciudadanos podamos ser libres en sociedad. Pues bien, estos principios han sido relajados, y eso no es bueno.
Con votación 4-3 el Tribunal Constitucional (TC) declara infundada la demanda
competencial presentada por Pedro Olaechea sobre la disolución del Congreso por parte de Vizcarra. Olaechea y el Congreso disuelto no son del agrado de la mayoría (y me
incluyo), pero eso es irrelevante. Aquí no se habla de personas, sino de
instituciones y garantías del ciudadano libre... que tal vez no exista más.
Pese a la democrática defensa de la separación de poderes y de
los principios de juridicidad y libertad que soportan los votos en discordia de
los magistrados Augusto Ferrero Costa, Ernesto Blume Fortini y, mi maestro, José
Luis Sardón de Taboada; las personas Marianella Ledesma Narváez, Manuel Miranda
Canales, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera (que desde hoy no
merecen el respeto de nadie que sea amante de la libertad y de la democracia) han
reconocido con un voto en mayoría que el Poder Ejecutivo (no solo este, sino de cualquier otro del futuro)
puede interpretar la Constitución como se le antoje, al grado de permitirle inventar figuras inexistentes en nuestra Constitución, la doctrina o la jurisprudencia del
mundo, como es la famosa “denegatoria fáctica de confianza”. Es como si el cajero del banco admitiera cualquier excusa verbal mía para darme el dinero por el concepto B, cuando esa no fue la voluntad del poder-dante (que ahora pone en riesgo su patrimonio). Curiosidades
a parte, la presidenta del TC (Ledesma) reconoció que “esta posibilidad es
peligrosa para el futuro...” Pero, si el concepto es el mismo, ¿por qué no es
peligroso hoy? La duda quedará porque nadie se lo preguntó.
Y es que en un “debate” en el que prácticamente no se
debatió nada (salvo la manera de presentar la sentencia) y en el que únicamente
se expusieron las posturas de cada quien, el voto mayoritario valida que el
Poder Ejecutivo pueda pechar al Congreso, patear la puerta del hemiciclo (casi literal,
en verdad entró a empujones: conducta típicamente democrática, ¿verdad?), imponerle
una agenda legislativa al Congreso y obligarlos a sancionar leyes como le plazca;
sin que nada de eso constituya una afectación a la democracia o a la separación
de poderes. Aquí nadie intercambió opiniones. No se encontró una solución conjunta. Las ideas no se pusieron a prueba. Quienes llegaron a la sesión con una postura se fueron sin enfrentar cuestionamientos. Y la Sentencia fue evacuada según la coincidencia mayoritaria, sin pasar por un filtro de verdadero debate.
Aplaudirán esta decisión los incautos, los populistas y los
irracionales que prefieren “ganar la pelea” a los fujimoristas (que merecidamente
se ganaron el repudio de la población) antes que respetar las reglas
democráticas: porque el fin justifica los medios.
Esta Sentencia, que destaca por su tinte político y que es ajena
a la técnica jurídica (tan es así que incluso Miranda tuvo que “poner el
parche” al decir que en sus 5 años como magistrado no se ha dejado
presionar políticamente ¿a santo de qué viene ese comentario? Si hubiera votado distinto, ¿Vizcarra y todo el Ejecutivo hubieran cometido delito de usurpación de poder? ¿Habrá existido presión?) no sorprende en
un país como el nuestro en que la institucionalidad y las garantías fundamentales
de la libertad son como los unicornios: se habla de ellos, pero no existen.
Una pena por nuestro Perú. La historia juzgará a quienes han
traicionado la confianza del pueblo. Pensábamos que eran los garantes de nuestra Constitución,
de nuestra libertad y de nuestra democracia; pero descubrimos que solo son Marianella
Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y Eloy
Espinosa-Saldaña Barrera. Nombres que debemos tatuar en el rencor de nuestra memoria,
para desmentir a quien algún día pretenda alegar que son personas comprometidas
con la causa democrática. Su propia sentencia los habría desmentido.
Ahora nos toca a los verdaderos demócratas e
institucionalistas respetar la infame Sentencia de un Tribunal Constitucional políticamente capturado y reconocer muy a nuestro pesar que el golpista
Vizcarra ya no detenta más el poder, sino que es nuestro Presidente.
¡OJALÁ QUE VIVA EL PERÚ!
