Mientras escribía este post una
réplica de 3.6 grados me sacudió intempestivamente como una advertencia: “No lo hagas Pichilón, desiste de escribir esto”. Cuando me dejaron de temblar las piernas, retomé aliento,
me volví a sentar y dije en voz alta “No
me vas a callar.”
Me rehúso a ser ciegamente solidario
con Arequipa. Antes de eso, prefiero ser crítico con las autoridades. Esas
autoridades que no pierden tiempo para entorpecer las actividades económicas
con trabas y restricciones vinculadas a la regulación de seguridad de las edificaciones
(tanto de construcción como de defensa civil). Por mi trabajo he podido
comprobar que muchas veces obtener una licencia de edificación o superar las inspecciones
de seguridad de defensa civil, pueden llegar a ser un verdadero dolor de cabeza
para los peruanos y peruanas que hacen patria arriesgando su capital para
brindar trabajo y contribuir con el consumo y crecimiento económico nacional.
No critico la fiscalización ni la necesidad de que existan estas reglas, pero a
veces a las autoridades se les pasa la mano.
Supongo que deben pensar algo así como “¿Total? Las empresas no votan”. En
cambio, los que sí votan son los vecinos. Yo me pregunto. ¿Cuántos de esos
vecinos (que conforman el mercado de votos de Arequipa) tienen casas que no
cumplen con las condiciones mínimas de seguridad que exige la legislación? ¿Cuántos
inmuebles viejos nunca han pasado por la correspondiente fiscalización y plan
preventivo a cargo de las autoridades? ¿Cuántas construcciones precarias han
sido levantadas a vista y paciencia de las autoridades encargadas de controlar
estas conductas? ¿Cuántos de los afectados sí intentaron obtener los permisos necesarios, pero la complejidad les gano? ¿Luego de un par de cientos de años, a nadie se le ocurrió
fiscalizar las condiciones de la iglesia de Ichupampa, hoy día sin campanario?
Pero eso no es todo, ¿qué hicieron las autoridades
luego que en el 2013 el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet),
del Ministerio de Energía y Minas, recomendó re-ubicar a población ahora afectada
por sismo, porque se había detectado un suelo inestable? Parece que en el Perú,
la guerra avisada sí mata gente.
No es posible que el miserable temblorcito de
5.2 grados, registrado a 10 km. al suroeste de Chivay el pasado domingo
14 de agosto de 2016 a las 21:58 horas, deje varios muertos y heridos (personas
con fracturas en extremidades y contusiones en la cabeza por la caída de
paredes de adobe), muchísimos damnificados y hasta una iglesia dañada. Los movimientos
de 5.2 grados se producen en nuestro país con cierta frecuencia. ¡No puede
generar semejante desastre!
Por eso, antes
de sentirnos solidarios (y sin que eso signifique relegar a los afectados a su
suerte), los ciudadanos debemos alzar la voz de protesta y exigir una auditoría
a fondo para detectar y castigar ejemplarmente a los responsables. Y que el
próximo temblorcito solo sea una noticia anecdótica y no el origen de otra
tragedia. No vaya a ser, que el conseguir damnificados, sea una nueva práctica nociva
de los políticos locales, aprendida con terremoto de Pisco, terremoto que ha quedará
recordado no solo por la magnitud de su destrucción, sino por las denuncias de
corrupción, desaparición y desviación de los recursos destinados a su restauración.
